La ley de Seguridad Ciudadana frente a la Ley Mordaza

Joaquín Castaño Balsalobre

El último dictamen sobre España de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa es claro: España debería reformar la ley de Seguridad Ciudadana.

Dicha revisión “debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo”, afirma el organismo consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del Derecho constitucional.

En su dictamen, de marzo de 2021, la Comisión de Venecia hace una serie de recomendaciones, incluyendo que los delitos ‘cuasipenales’ (aquellos por los que se pueden imponer multas elevadas) y las atribuciones coercitivas de la policía se describan con más precisión, y que las regulaciones detalladas a nivel sublegislativo sean adoptadas para reflejar la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional español para que sirva de guía a la policía en su trabajo diario.

La Comisión de Venecia se basa en gran medida en las conclusiones del Constitucional. Sin embargo, opina que “si una norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardas adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable”.

Según el dictamen, la ley de Seguridad Ciudadana “contiene una serie de disposiciones que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipo de medidas se pueden tomar. Algunos delitos también están formulados en la ley de manera excesivamente amplia”.

La Comisión de Venecia recuerda que “la claridad y previsibilidad de la ley garantizan un trato igualitario y no arbitrario y la seguridad jurídica (entendida como la previsibilidad de la acción del Estado) es particularmente importante en el ámbito del Derecho penal. Debido a la naturaleza de las infracciones y la gravedad de las multas previstas en la ley 4/2015, podría decirse que pueden entrar en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, la Comisión de Venecia recomienda que tales delitos cuasipenales y los poderes coercitivos de la policía se describan con más precisión”.

En este sentido, el organismo europeo recomienda, en lo que respecta a los controles personales y los registros corporales externos en lugares públicos, que la ley los vincule “a la finalidad de descubrimiento y prevención de delitos de cierta gravedad” y que establezca “que, por regla general, se realicen sobre la base de una sospecha individualizada”. En cuanto a las búsquedas aleatorias, “su uso debe estar circunscrito y acompañado de garantías procesales, incluidos los mecanismos de seguimiento adecuados”.

Por lo que la ley mordaza, aprobada por el PP, es una ley que las instancias europeas ponen en tela de juicio.

A la derecha política, PP y Vox, se ha se ha sumado JUSAPOL, un colectivo próximo a las tesis de VOX en el CNP que pretende politizar a un cuerpo democrático y constitucional al servicio de la ciudadanía y no al servicio de intereses políticos.

Estos días estamos asistiendo, no a medias verdades sino simplemente a mentiras sobre una reforma que nada tiene que ver con la realidad, pero queridos amigos estamos en la época de las Fake, en la época de que los fascistas de vox hagan de la mentira su consigna.

Veamos algunas cuestiones que ponen al descubierto la gran mentira de la derecha en este tema:

Uno de los puntos más criticados, por quienes aseguran que esta ley desprotegerá la identidad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y a sus familias, es el apartado 23 del artículo 36, en el que se recogen las infracciones graves. Y que fue declarado inconstitucional por el TC “porque suponía una censura previa”. SENTENCIA 172/2020, de 19 de noviembre.

En la ley anterior, del PP, se consideraba infracción grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”.

Y se agrega la siguiente frase: “Con respeto al derecho fundamental a la información”.

Con la enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos, se añade que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”.

Pero se mantiene como infracción grave su uso no autorizado igual que en la Ley Mordaza. Eso sí, se añade lo siguiente: “La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.

Otro apartado polémico y muy criticado de la futura ley es el que hace referencia a las identificaciones por parte de los agentes.

Es el artículo 16 el que regula este aspecto y lo que pretenden PSOE y Unidas Podemos es que en la futura ley se rebaje de seis a dos horas el tiempo que las Fuerzas de Seguridad podrán retener a una persona en comisaría en caso de no poder ser identificada en la calle.

Eso sí, se deja la puerta abierta a que el período sea de seis horas “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada”.

También ha generado polémica el apartado en el que se habla de los registros por parte de los agentes de las Fuerzas de Seguridad, que para los sindicatos policiales supone cuestionar la presunción de veracidad del agente.

Todo porque en el artículo 19, que regula las diligencias de identificación, registro y comprobación por parte de los agentes, la futura ley indicará que estas deberán de “ser motivadas y proporcionales” y que “en los casos de identificación en dependencias policiales, registro y comprobación, deberá quedar constancia de la motivación y la identificación del agente que las adoptó”.

Otras cuestiones que se eliminan sobre la ‘Ley Mordaza’ son:

– Se elimina como infracción leve “ejecutar actos de exhibición obscena”.

– Se deja de considerar infracción grave usar un uniforme oficial en actividades culturales que pudieran “generar engaño acerca de la condición de quien los usa” y siempre que no sea una infracción penal.

– Se considera infracción muy grave la tenencia de armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia sin documentación o autorización o por encima de lo permitido.

– Pasa de infracción grave a infracción leve llevar a alguien en coche u otro vehículo a por droga, siempre que no constituya delito.

– En el diseño del DNI “se incorporarán las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios”.

Así las cosas, no tiene ningún sentido que algunos policías, alentados por unos radicales, solo busquen utilizar en términos políticos todo esto para derrocar al Gobierno de España democráticamente elegido.

Y es que desde 2018, con un Gobierno socialista, el salario de nuestros Policías nacionales se han incrementado un 21%, destinándose 807 millones de euros equiparación salarial, se han destinado más de 2 millones de euros en adquirir 25.539 defensas extensibles y 2.099.350 euros 700 pistolas eléctricas Taser, así como nuevos vehículos introduciendo vehículos híbridos en la flota.

Sin tener en cuenta que el gobierno del PP recortó en 14.470 policías y guardias civiles, recortó medios materiales y no les equiparó el sueldo, mientras el Gobierno socialista ha aumentado en 13.000 la plantilla de agentes, dotando de más medios.

Está claro que la actual ley mordaza solo ampara a los policías que se cubren detrás de los excesos y como en el plano político la derecha antidemocrática de este país necesita colectivos que, como ellos, la ley les proteja para cometer excesos.

En este país, la policía, como cualquier colectivo de funcionarios públicos debe estar al servicio de nuestra democracia, de nuestro orden constitucional por encima de los delirios nostálgicos que quieren ver a través de la fuerza a ‘grises’ que su único mandato rememorar el diálogo de la fuerza frente al respeto a los derechos humanos y constitucionales.

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