El Partido Popular: de guerras y juicios

Joaquín Castaño Balsalobre

Esta semana han saltado varias informaciones con respecto a la situación judicial en la que se encuentra el principal partido de la oposición, el PP. Unas informaciones que ya llueven sobre mojado. El tiempo de la justicia avanza y da cuenta de otras informaciones inquietantes que nos vienen a confirmar que el PP dejó de ser un partido político útil para España, y se convirtió en un chiringuito para lucrarse.

Esta semana hemos conocido que en Génova 13 manejan información con grabaciones incluidas que pondrían en jaque a la líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y es que desde fuentes cercanas al PP nacional reconocen que la nueva ‘operación cremas’ no tendrá nada que ver con la que tumbó a Cristina Cifuentes, en comparación con lo que puede salir a la luz de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que según han afirmado a algún medio “No son cremas, son aviones”, indican, en referencia a una presunta inflación de los costes y precios del material sanitario proveniente desde China en las aeronaves fletadas por la Comunidad de Madrid, entre otros contratos realizados durante la lucha contra la covid-19.

Estas fuentes van un paso más allá y aseguran que todo este material es conocido por la dirección nacional. Además, sostienen que, si la batalla por el congreso de los populares en Madrid sigue su escalada de reproches mutuos, puede llegar a ser utilizado para tratar de presionar a la presidenta y que dé un paso atrás en sus voluntades.

Estas pruebas, que ya se han convertido en la ‘comidilla’ diaria de altos cargos del Partido Popular en Madrid, apuntarían al núcleo más cercano de la presidenta regional. Concretamente, desde el entorno de Génova explican que hay malestar por cómo Ayuso está gestionando la crisis interna, y creen que está totalmente absorbida por las recomendaciones que le llegan de cuatro de sus personas más cercanas: su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que ya fue motivo de bronca la semana pasada cuando una diputada socialista, Carmen López, fue expulsada de la Asamblea de Madrid por poner en duda los ominosos negocios de los que se habría aprovechado durante este tiempo.

Una sensación de calma pretendida que choca diametralmente con la que se experimenta en los corrillos del PP de Madrid. De hecho, este presunto escándalo que sectores cercanos a Casado y José Luis Martínez-Almeida tratan de buscar ya ha dado el salto a la prensa nacional. La periodista Pilar Gómez explicaba recientemente en el diario El Confidencial que “el enfrentamiento entre Génova y Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid se les ha ido de las manos a ambas partes”. A este respecto Gómez sostenía que hace unas semanas empezó a circular una teoría “sórdida y oscura” por el PP de Madrid en relación a la conspiración de las ‘cremas de Cifuentes’, que le costó la carrera política a una mujer que en ese momento sonaba para todo, incluso para disputar el liderazgo a Mariano Rajoy.

El medio digital no es el único que ha hablado de que “pase algo” que acabe provocando que Ayuso no se presente. Tal y como ha rescatado la otrora líder de UPyD, Rosa Díez, El País publicaba recientemente un artículo en el que fuentes cercanas a la cúpula de Génova 13 hablaban de que “pase algo que impida a la presidenta presentarse”: “A veces hay que tirar las maletas por la borda para que no se estrelle el avión”, sostenían. Además, en el mismo reportaje se hablaba de que el enfado es de tal calibre que en la dirección nacional se están estudiando todas las opciones para que la presidenta regional no se haga con el control orgánico del PP madrileño.

La semana pasada en la Asamblea de Madrid se producía una bronca porque una diputada socialista le recriminó a la bancada popular que el hermano de Ayuso visitaba hospitales en plena pandemia para que contratasen no sé qué material. Extrañadísimos y perplejos asistimos a que esa diputada socialista fuese expulsada por tan solo decir eso.

Para algunos, detrás de esa acusación había algo más, y ahora poco a poco vamos conociendo que las palabras, pronunciadas por la diputada del PSOE Carmen López, acabaron provocando que toda la oposición a Isabel Díaz Ayuso -incluido Vox- se levantara del pleno monográfico del pasado jueves en protesta a Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea, quien decidió echar a la socialista por incumplir, según ella, el artículo 26 del reglamento. Dicho artículo establece que los parlamentarios están “obligados a adecuar su conducta a este reglamento y a respetar la disciplina, el orden y la cortesía parlamentaria”.

Paralelamente a estas “sórdidas y oscuras” teorías, el nombre de Ángel Carromero ha vuelto a las primeras líneas de la política debido a la guerra de liderazgo que se está viviendo en el Partido Popular de Madrid. Actual asesor del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y muy cercano al presidente nacional, Pablo Casado, muchas voces apuntan a que es el responsable de los movimientos que está llevando a cabo Génova para intentar frenar la intención de Isabel Díaz Ayuso de ocupar la presidencia regional del partido, que está en manos de una gestora desde hace cinco años.

Sin salir de Madrid esta semana hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción acaba de abrirle otro frente judicial a la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. El Ministerio Público ha presentado un escrito ante un juzgado de Madrid en el que solicita que se la cite como imputada por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación en un procedimiento en el que investiga la reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro.

 El departamento que dirige Alejandro Luzón realizó la petición en un escrito presentado hace dos semanas en el que también reclama que se cite al consejero de Sanidad de la etapa, Juan José Güemes, y otros cargos directivos. Como ha adelantado el diario ‘ABC’, el recorte de plazas hospitalarias se habría llevado a cabo sin que mediara el procedimiento administrativo obligatorio. El daño al erario público superaría los 10 millones de euros.

Nada, que el PP se ha empeñado en no volver a gobernar nuestro país a tenor de las guerras internas que están poniendo de manifiesto que el lodazal de la corrupción del Partido Popular no merece la confianza de ningún ciudadano de bien.

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